Menos de un mes después de su adquisición, las nuevas motocicletas de gran cilindrada de la Policía Local de San Fernando han protagonizado su primer accidente vial. El suceso ha reactivado el malestar en el seno de la plantilla y ha llevado a los representantes sindicales como los del SIP-An, a alzar la voz contra lo que consideran una falta de planificación y seguridad laboral por parte del Ayuntamiento.
Las críticas se centran en las características técnicas de los nuevos vehículos. Se trata de motocicletas de casi 250 kg de peso y cerca de 100 CV de potencia, unas prestaciones que, según los colectivos policiales, difícilmente se adaptan a las necesidades del patrullaje urbano diario en San Fernando, donde la movilidad por calles estrechas y la cercanía al ciudadano deberían ser prioritarias.
El punto más crítico de la denuncia radica en las condiciones en las que los agentes deben operar estos vehículos. Desde las organizaciones sindicales señalan que el cuerpo no recibe uniformidad desde el año 2022 y que, a día de hoy, los policías siguen sin disponer de equipación específica de motorista que garantice su protección en caso de caída.
«¿Es lógico que en San Fernando se patrulle en una moto de estas características con una simple camiseta de manga corta y un pantalón ordinario?», cuestionan desde el entorno sindical, afeando que la seguridad de los trabajadores quede en segundo plano frente a la imagen de modernización que busca proyectar el Consistorio.
A la falta de protección se suma un obstáculo administrativo y operativo: el tipo de carné requerido para pilotar las motocicletas. Mientras que para acceder a la Policía Local de San Fernando se exige el permiso de conducción A2, las nuevas unidades adquiridas requieren el permiso clase A (sin limitación de potencia). Esta diferencia legal limita notablemente el número de agentes que pueden utilizarlas de manera legal y operativa en sus turnos.
Ante esta situación, los sindicatos policiales han formalizado una serie de peticiones urgentes dirigidas al Gobierno local como la dotación inmediata de equipación de motorista adecuada y con las protecciones homologadas necesarias, la entrega de la uniformidad reglamentaria que se encuentra pendiente desde hace cuatro años, y que las futuras decisiones sobre la adquisición de medios materiales se basen en informes operativos y de prevención de riesgos laborales, y no únicamente en criterios estéticos o de inversión llamativa.
Por el momento, el Ayuntamiento de San Fernando no ha emitido un comunicado oficial respecto al accidente ni a las reclamaciones sobre la falta de uniformidad de la plantilla.
