El Grupo Municipal Socialista de Sanlúcar de Barrameda ha anunciado que presentará una propuesta en el próximo Pleno del Ayuntamiento para que los 7.814.193,20 euros del remanente positivo de tesorería del ejercicio 2025 se inviertan íntegramente en la construcción de vivienda pública.
El portavoz del PSOE, Víctor Mora, ha señalado de forma directa a la alcaldesa, Carmen Álvarez, a quien acusa de falta de transparencia y de pretender destinar este superávit de manera urgente a la amortización de deuda bancaria, en lugar de atender una de las principales demandas de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes.
La iniciativa del PSOE se apoya en el reciente Real Decreto-Ley 13/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de junio. Esta nueva normativa del Ministerio de Hacienda flexibiliza las reglas de gasto para las entidades locales, permitiendo que los resultados presupuestarios positivos se puedan emplear en financiar inversiones en vivienda social.
Según Víctor Mora, este vuelco legal deja sin argumentos al actual equipo de gobierno: «Ya no existen excusas para que el gobierno de Carmen Álvarez siga argumentando falta de recursos económicos para impulsar nuevas promociones de vivienda pública en Sanlúcar».
Los socialistas recuerdan que la propia alcaldesa justificó recientemente la parálisis de un proyecto de ocho viviendas —valorado en 1,1 millones de euros— alegando «falta de presupuesto». Para el PSOE, con más de 7,8 millones sobre la mesa y el aval del Gobierno central, esa justificación ha quedado «completamente superada».
La polémica viene fraguándose desde el pasado 28 de mayo, día en el que se debatió la liquidación del presupuesto de 2025. Aunque los datos confirmaron la buena salud económica del Ayuntamiento —un saneamiento que los socialistas atribuyen a su gestión al frente del municipio desde 2007—, el PSOE criticó con dureza el bajo nivel de ejecución del actual gobierno, denunciando que se han quedado millones de euros sin gastar mientras los servicios públicos locales sufren un progresivo deterioro.
El conflicto estalló esa misma mañana durante una Comisión Informativa Extraordinaria de Economía y Hacienda. El gobierno municipal planteó destinar el remanente a pagar a los bancos, ante lo cual el portavoz socialista formuló tres preguntas clave para saber si la alcaldesa conocía de antemano la flexibilización de Hacienda o si había realizado gestiones para buscar alternativas.
Según denuncian desde el PSOE, la alcaldesa se negó en redondo a responder a estas cuestiones, provocando que los representantes socialistas abandonaran la sesión en señal de protesta por la «ocultación de información».
Con el Real Decreto-Ley ya en vigor, el PSOE instará formalmente al Ayuntamiento a realizar todas las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda para acogerse a esta medida excepcional. El objetivo final es blindar los 7,8 millones de euros de los sanluqueños y garantizar que se traduzcan en ladrillo público, frenando el plan del actual ejecutivo de priorizar los beneficios bancarios por encima de las necesidades habitacionales de la ciudad.
