El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 46.616 hogares gaditanos en los que viven 140.681 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 494,12 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 24,3 M€ para la provincia de Cádiz por este concepto.
Hay 6.226 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 15,41%. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en junio de 2026 se contabilizan 18.175 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (+14,83%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital tiene un marcado perfil femenino en Cádiz. En junio, el 74,96% de los titulares (34.948) y el 53,31% de las personas beneficiarias son mujeres, en concreto, 75.008.
El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos.
Uno de los objetivos principales del Ingreso Mínimo Vital es combatir la pobreza infantil y, en este sentido, cabe destacar que el 36,75% de los beneficiarios en junio son niños, niñas y adolescentes, 51.713.
En más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV en junio conviven menores de edad, en concreto en el 81,72%. En total, hay 38.098 hogares con menores, entre los que se encuentran 6.836 monoparentales.
Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia, que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 32.914 unidades de convivencia en Cádiz.
Datos de Cádiz desde junio de 2020
La prestación del Ingreso Mínimo Vital, que abona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha llegado a 67.190 hogares gaditanos desde su puesta en marcha en junio de 2020, en plena pandemia de Covid. El número de beneficiarios protegidos alcanza desde entonces las 198.500 personas, de las cuales 78.545 son niños, niñas y adolescentes, casi el 40% del total acumulado entre 2020 y 2026.
Desde la entrada en vigor de esta política del Gobierno de España, la Seguridad Social ha destinado más de 1.100 millones de euros (1.109.123.890,99 €) al abono de las nóminas de esta prestación en la provincia de Cádiz.
Del total de hogares beneficiarios, 55.545 (el 82,66% del total) cuentan con menores. Entre ellos, 13.355 son hogares monoparentales (el 19,87% del total) y 43.190, hogares no monoparentales con menores (el 62,79% del total).
Por género, el 73,96% de los titulares de la prestación son mujeres (49.700), que también son mayoría entre los beneficiarios, con 106.772 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.
Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) son ya 44.561 los hogares en Cádiz que reciben este apoyo de 115 euros al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años, cantidades en vigor en 2026.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo a los hogares en situación de vulnerabilidad, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.
Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención a los menores.
El IMV no es solo una prestación, es un conjunto de políticas para facilitar la integración sociolaboral de los colectivos vulnerables en riesgo de exclusión. Su razón de ser es la necesidad de corregir el problema de desigualdad y pobreza estructural que afecta a nuestra población más vulnerable y adaptar las políticas públicas a la realidad económica y social de nuestro tiempo.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
En el caso de las personas que agotan el subsidio por desempleo y no logran reinsertarse laboralmente, acceden al IMV sin necesidad de solicitarlo ni aportar nueva documentación, ya que el SEPE y la Seguridad Social realizan el reconocimiento de oficio.
Asimismo, la incorporación del Sistema de doble revisión de ingresos permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el año pasado los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
