El recibo de la basura ha desatado una auténtica tormenta política y social en Jerez. El PSOE local ha denunciado públicamente la oleada de indignación entre los ciudadanos tras comenzar a recibir las primeras liquidaciones de la nueva tasa de residuos impuesta por el gobierno de la alcaldesa María José García-Pelayo. Según los socialistas, las tarifas se han disparado hasta niveles «inasumibles», llegando en algunos casos a triplicar lo que se pagaba habitualmente.
En los últimos días, la formación ha tenido conocimiento de recibos que superan los 500 euros en el caso de familias y pequeños negocios, además de liquidaciones generalizadas de 360 y 260 euros.
El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha sido tajante al valorar el impacto de esta medida en la economía local «lo que está ocurriendo es inasumible. La subida de impuestos del gobierno de Pelayo está friendo el bolsillo de los ciudadanos y achicharrando la economía de muchas familias y autónomos, que ya soportan un elevado coste de la vida.»
Díaz ha trasladado el sentir de los afectados, señalando que para muchos jerezanos este incremento desmedido supone directamente «un robo a mano armada». La ciudadanía no comprende cómo se ha podido pasar de una tarifa razonable a importes desproporcionados, especialmente cuando el estado de la limpieza pública sigue siendo motivo de queja: «No se puede pagar más para encima tener las calles sucias», recrimina el líder socialista.
Ante el impacto de esta medida, el PSOE ha exigido al Ayuntamiento que aclare de inmediato los criterios técnicos y políticos que justifican estos incrementos tan severos. «Un Ayuntamiento debe estar para ayudar a sus vecinos, no para asfixiarlos», ha remarcado José Antonio Díaz, incidiendo en que el afán recaudatorio no puede recaer sobre las espaldas de las clases medias, los trabajadores y los emprendedores locales.
Como contrapartida, el grupo socialista ha anunciado que se pondrá al lado de todos los afectados, habilitando canales para recoger sus reclamaciones y promoviendo iniciativas institucionales para forzar al gobierno local a dar marcha atrás o corregir de urgencia esta situación.
