El diputado Miguel Sastre Uyá pide al Gobierno central que ejerza sus competencias y lidere, junto con Telefónica, un plan de inversiones con medidas y plazos concretos.
El Partido Popular de la provincia de Cádiz ha llevado al Congreso de los Diputados la reclamación impulsada por el PP de Grazalema-Benamahoma ante los reiterados cortes de internet y telefonía que afectan al municipio y a otros puntos de la Sierra de Cádiz.
El diputado del PP en el Congreso por la provincia, Miguel Sastre Uyá, destaca que el PP de Grazalema-Benamahoma ha tomado la delantera ante un problema que preocupa especialmente a vecinos, comerciantes y empresarios. La formación local ha promovido una campaña de recogida de firmas a través de Change.org, ha difundido la reivindicación en redes sociales y ha favorecido un movimiento vecinal para reclamar una solución definitiva.
Esta movilización ha permitido dar visibilidad a las consecuencias de unas interrupciones que dificultan los pagos con tarjeta, la actividad comercial y turística, el teletrabajo y el acceso normal a servicios básicos.
Sastre Uyá ha recogido esta iniciativa y ha registrado varias preguntas dirigidas al Gobierno de España para conocer las causas técnicas de los cortes, las actuaciones realizadas hasta ahora y las medidas previstas para evitar que vuelvan a repetirse.
“Los compañeros del PP de Grazalema-Benamahoma han sabido escuchar la preocupación de los vecinos y han tomado la iniciativa, ante la falta de soluciones eficaces por parte de la interlocución entre el Gobierno y el equipo municipal. Vamos a trasladar esas demandas al Congreso. Queremos sumar esfuerzos y conseguir que esta reivindicación se convierta en una respuesta concreta por parte de la administración competente”, ha señalado Sastre Uyá.
En ellas se pregunta al Ejecutivo si ha iniciado actuaciones de inspección para comprobar que la red y el operador cumplen sus obligaciones de continuidad, calidad y seguridad. También reclama que aclare qué ministerio está liderando la respuesta y si va a impulsar un plan de actuación e inversiones con medidas concretas, plazos definidos y sistemas de redundancia que una doble garantía si la red falla.
“El Gobierno tiene la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de las telecomunicaciones y exigir al operador una solución estructural. Además, el Estado cuenta, a través de la SEPI, con una participación del 10 % en Telefónica, lo que refuerza su capacidad para impulsar una interlocución efectiva”, ha afirmado.
El congresista ha insistido en que la iniciativa se plantea desde una actitud constructiva, pero también exigente: “No se trata de buscar culpables por cada avería, sino de evitar que vuelva a producirse. El Gobierno debe ejercer sus competencias, coordinar a las partes y concretar qué inversiones se van a realizar y en qué plazo”.
Sastre ha subrayado que unas telecomunicaciones fiables son imprescindibles para garantizar el futuro de los municipios rurales.
“Si queremos fomentar la vida en el medio rural, fijar población y crear oportunidades, disponer de internet y telefonía de calidad es esencial. Sin conectividad se dificulta la actividad empresarial, el turismo, el trabajo y el acceso a numerosos servicios públicos”, ha advertido.
“El PP de Grazalema-Benamahoma ha tomado la delantera y los vecinos se han movilizado. Ahora corresponde al Gobierno escuchar esta reclamación y liderar, junto con Telefónica, una solución definitiva para Grazalema y para el conjunto de la Sierra de Cádiz”, ha concluido.
