El Gobierno ha comparecido en la Cámara Baja para defender la convalidación del Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, una norma articulada para dar respuesta a la crisis económica y social sufrida por la ciudad autónoma de Ceuta a finales del mes de julio. El paquete de medidas contempla la movilización de 309 millones de euros durante el último cuatrimestre del año —equivalente a un 16% del PIB anual ceutí— para contener los efectos del shock y restaurar la actividad económica.
Cuatro ejes de actuación inmediata
El plan de choque temporal y de emergencia se estructura en cuatro pilares principales:
Atención y acogida: Se destinan 118 millones de euros, repartidos en 62 millones a la financiación de la gestión de menores (que se suman a 25 millones previos) y el proceso de triaje, además de más de 50 millones para la atención de adultos y la agilización de expedientes de protección internacional.
Fuerzas de Seguridad y Defensa: Se aprueban 90 millones de euros destinados al refuerzo de personal, equipamiento operativo e inversiones para la vigilancia e integridad de la frontera.
Ayudas al tejido productivo: Se movilizan 80 millones de euros, una cifra que supera las estimaciones iniciales de pérdidas de la Cámara de Comercio. Incluye 36,6 millones en ayudas directas gestionadas por la Agencia Tributaria (con abonos previstos a partir del 6 de octubre), 14 millones en bonos al consumo y promoción turística, y 2 millones canalizados a través de ICEX y Turespaña.
Refuerzo de servicios públicos: Se canalizan fondos para sanidad (incorporación de más de 100 profesionales), educación, justicia y soporte a infraestructuras clave como la planta desaladora local.
De forma complementaria, el Ejecutivo ha activado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de avales de 50 millones de euros —con coberturas de hasta el 80% para pymes— para asegurar la liquidez y la solvencia de las empresas de la zona.
Incentivos fiscales permanentes para Ceuta y Melilla
Junto con el plan de choque, el Real Decreto-ley introduce modificaciones fiscales y laborales con carácter permanente para impulsar la competitividad de Ceuta y Melilla:
Impuesto de Sociedades e IRPF: La bonificación en el Impuesto de Sociedades se eleva del 50% al 60%, acompañada de mejoras en las deducciones de IRPF para trabajadores autónomos.
Cotizaciones a la Seguridad Social: El incentivo en la cuota empresarial pasa del 50% al 75% de forma indefinida, ampliando su cobertura a sectores antes excluidos, como la construcción, e incluyendo los contratos firmados con anterioridad al RDL 1/2023.
Infraestructuras portuarias: Se establece un plan plurianual de 4,25 millones de euros anuales de apoyo al puerto de Ceuta hasta el año 2031.
El conjunto de las reformas estructurales destinadas a ambas ciudades autónomas supone un impacto presupuestario de unos 100 millones de euros al año. Tras exponer el desglose de las partidas, el Ejecutivo ha apelado al respaldo de los grupos parlamentarios para convalidar el decreto e iniciar la transferencia de recursos a los ciudadanos y empresas afectados.
