La Junta de Andalucía y el Gobierno central sumarán esfuerzos para reforzar las medidas de protección y prevención frente a la adicción al juego. Con ese objetivo, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que tiene asumidas las competencias en materia de Juego, y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están ultimando la firma de un convenio que permitirá intercambiar información entre los registros estatal y autonómico de interdicciones de acceso al juego, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y protección frente a la ludopatía.
Los registros de interdicciones de acceso al juego son instrumentos destinados a recoger la información necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos que lo hayan solicitado a que les sea prohibido el acceso a los locales y actividades de juegos, como medida de protección frente a la adicción que supone la ludopatía.
La inscripción en un registro de autoprohibidos impide el acceso del inscrito a aquellos establecimientos respecto de los que la administración pública correspondiente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador. En estos registros aparecen inscritos quienes lo solicitan de forma voluntaria, los instados a petición del establecimiento, o bien las personas incapacitadas mediante sentencia judicial firme.
El objetivo de este convenio, que firmarán la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es establecer un mecanismo de colaboración entre los correspondientes registros de interdicciones de acceso al juego (también conocidos como registros de autoprohibidos) de ámbito estatal y autonómico, que permita el reconocimiento mutuo de las inscripciones realizadas en cada uno de ellos en favor de un «modelo de protección óptimo» para los usuarios.
De esta forma, se dispondrá de instrumentos suficientes y eficaces para imposibilitar la participación en juegos online o impedir el acceso a los establecimientos de juego ubicados fuera de Andalucía, que dispongan de un control de acceso que requiera la identificación de los participantes a las personas que figuran en el registro andaluz. Asimismo, también funcionará en la dirección inversa: las personas que figuren en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) estatal no podrán acceder a los establecimientos de este tipo que existen en Andalucía.
El convenio, que se suscribirá por un periodo inicial prorrogable de cuatro años, es fruto del acuerdo del Consejo de Políticas del Juego, órgano de cooperación, participación y coordinación de la administración central y las comunidades autónomas en materia de juego, que se alcanzó el 14 de julio de 2021 para potenciar una cooperación más estrecha entre los registros de interdicciones estatal y autonómicos, basada en la «interconexión de los registros de prohibidos de todos los actores públicos implicados en la regulación y supervisión de las actividades de juego y en la protección de los colectivos vulnerables», tal y como se recoge en las cláusulas del convenio.
La firma implica el «reconocimiento mutuo de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones practicadas por las autoridades de juego» que hayan decidido adherirse, y habilita la posibilidad de trasladar al Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) las inscripciones obrantes en los registros autonómicos y viceversa.
Los datos de las personas inscritas en los registros de prohibidos serán tratados conforme a la legislación nacional y europea relativa a la protección de datos de las personas físicas y su tratamiento. De hecho, las partes firmantes se comprometen a mantener el secreto respecto a los datos suministrados y a tratarlos con confidencialidad, para lo que adoptarán las medidas necesarias.
