El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha dado hoy a conocer la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno ordinario para exigir al gobierno local la adopción de distintas medidas para ampliar el parque público de viviendas para alquiler social. “Durante la pasada campaña electoral los socialistas defendían un plan municipal en el que se obliga a las promotoras a destinar el 50% de sus nuevas promociones a vivienda social. Una propuesta que olvida que con estos porcentajes difícilmente le salen las cuentas para mover un solo ladrillo a empresarios que obviamente primero buscan su rentabilidad. Buscar una amplia rentabilidad en la creación de vivienda social es complejo por definición de manera que la única forma de salir adelante es desde lo municipal, asumiendo íntegramente esa responsabilidad, tal y como ha sido hasta ahora en San Fernando. Hay fórmulas que consideramos deberían de estudiarse, como la oferta por parte de la empresa municipal de compra de viviendas de particulares y de promociones de promotores privados para su cambio a vivienda protegida o negociar con las entidades financieras la gestión de las viviendas desocupadas para destinarlas a viviendas de alquiler para la población más vulnerable”, señala Romero.
De esta forma, en primer lugar la moción solicitará la puesta en marcha un programa para la adquisición de viviendas por parte de la Empresa Pública Municipal para ampliar el parque público de viviendas en alquiler y dotar a este programa de la partida presupuestaria necesaria para su desarrollo. “A modo de ejemplo cercano, el gobierno municipal socialista tiene en sus compañeros del Ayuntamiento del vecino municipio de Chiclana una iniciativa perfectamente asumible a fin de aumentar el parque de viviendas sociales municipales. De hecho, en el municipio chiclanero ya se ha puesto en marcha un programa para la adquisición de viviendas por parte de la empresa municipal para ampliar el parque público de viviendas en alquiler. La convocatoria para la apertura de compra de viviendas se abrió el pasado 29 de febrero y desde el 1 de marzo las personas interesadas en ofrecer viviendas para su compra pueden presentar sus solicitudes y la documentación requerida. El Ayuntamiento de Chiclana desarrolla este programa al abrigo del Real Decreto 42/2022 de 18 de enero”, explica el portavoz.
El presupuesto aprobado para dicho programa en Chiclana para la anualidad 2024 puede llegar hasta 800.000 euros. Por otro lado, las viviendas adquiridas, que se destinarán a las unidades familiares inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida que se encuentren en una situación socioeconómica más desfavorecida, deben de cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran disponer de una superficie construida de al menos 45 metros cuadrados y un precio máximo de venta de 90.000 euros impuestos excluidos.
En segundo lugar, la moción solicitará al gobierno local socialista que adopte las medidas administrativas oportunas para firmar un convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para la cesión por parte del primero de viviendas para el alquiler social que tenga en San Fernando. “Otra opción que planteamos son los convenios firmados entre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y el Ayuntamiento de Barcelona para la cesión por parte del primero de viviendas para el alquiler social, el último de diciembre de 2023. Con este acuerdo, de cuatro años de vigencia ampliables a ocho, se alcanzan las ciento sesenta y seis viviendas con la posibilidad de ir ampliando el número hasta alcanzar las doscientas. Incluso se contempla que en las viviendas en las que residan familias en situación de vulnerabilidad, el Ayuntamiento podrá regularizar mediante el oportuno contrato de alquiler”, detalla el andalucista.
“Quince nuevas viviendas públicas en nueve años, cinco de los cuales con mayoría absoluta. Los datos confirman el rotundo fracaso en materia de vivienda social del gobierno municipal de Cavada y López Gil. Unas cifras que, por otro lado, tampoco resisten comparativa alguna respecto a la labor desempeñada por la Empresa de Suelo Isleña (ESISA) bajo gobiernos andalucistas. De hecho desde 1996 se construyeron casi 800 viviendas sociales en régimen de venta y casi 300 en alquiler, además de más de 150 intervenciones llevadas a cabo mediante programas como los de transformación de infravivienda. Unas mil doscientas cincuenta familias isleñas encontraron respuesta a sus necesidades de vivienda durante este periodo”, reflexiona Romero.
En este sentido, desde el Grupo Municipal AxSí entendemos que no hay que perder de vista el fin que en su día justificó la constitución de la Empresa de Suelo Isleña e hizo de ella una referencia: crear vivienda social para que los más vulnerables cumplan con su derecho a una vivienda digna. Es imprescindible potenciar esta labor, ya que el número de personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda de San Fernando sigue creciendo, con 5.131 solicitudes que nos convierte en el tercer municipio con más demanda de vivienda pública de toda la provincia de Cádiz. Creemos que hay alternativas, como las que planteamos en nuestra moción, que explorar. En definitiva, es responsabilidad del gobierno municipal velar por el derecho a una vivienda digna que tienen todos los isleños e isleñas, especialmente aquellas familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Y también es su responsabilidad utilizar a la empresa pública municipal como lo que siempre ha sido: una herramienta efectiva para perseguir dicho fin”, concluye el portavoz.
