El Consejo de Gobierno ha aprobado instar a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa a iniciar los trámites para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña aprobada en el Congreso de los Diputados la pasada semana.
El Gobierno andaluz reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que dicha potestad está sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma. En este sentido, considera que la ley aprobada por el Congreso de los Diputados vulnera normas y principios constitucionales.
El Consejo de Gobierno considera que la Ley vulnera el principio de separación de poderes al existir una clara intromisión del Legislativo, que no se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes de incoación.
Por otro lado, vulnera el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley al establecer arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable.
También vulnera, a juicio del Gobierno andaluz, el principio constitucional de seguridad jurídica, al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, al abrir un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican.
Además, el Consejo de Gobierno considera que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan sido víctimas de los delitos a los que se aplica la amnistía. Entre los perjudicados se encuentran los poderes públicos cuando el delito amnistiado es el de malversación de caudales públicos o quienes hayan sufrido daños en sus personas o en sus patrimonios, como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La amnistía supone la extinción de las responsabilidades civiles y contables de manera que los menoscabos de fondos públicos quedarán impunes.
Por último, vulnera la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al resultar arbitraria e injusta en la medida en que los actos previos, simultáneos y posteriores a su aprobación tienen como única finalidad la de servir a los intereses políticos de los grupos que la han apoyado. Así, el Gobierno andaluz denuncia la existencia de un acuerdo para humillar al Estado y doblegar la Constitución, menospreciando también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces que juzgaron y condenaron a quienes actuaron contra nuestra Carta Magna.
En este sentido, defiende la reacción ante la aprobación de la Ley de Amnistía como democrática, serena y útil, por lo que el Consejo de Gobierno ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía a interponer un recurso de inconstitucionalidad, para lo que hay un plazo de tres meses.
