La secretaria general del Partido Popular (PP) de San Fernando, Carmen Roa, ha expresado su preocupación ante la nueva normativa establecida por el gobierno municipal para la adjudicación de casetas en la Feria del Carmen y de la Sal. Esta normativa, impulsada por Patricia Cavada, otorga prioridad a los colectivos y entidades sin ánimo de lucro, por lo que los profesionales de la hostelería estiman que existe un trato discriminatorio.
«Los hosteleros de nuestra ciudad, que han sido siempre un pilar fundamental en el éxito de nuestra feria, se sienten ahora marginados y perjudicados por una decisión que califican de ‘totalmente arbitraria y electoralista'», afirmó Roa. «Es inaceptable que se tomen medidas sin contar con todas las empresas, asociaciones y colectivos ya que, al final, son todos juntos los que hacen de verdad la feria; medidas que no solo afectan a su actividad económica, sino que también siembran la discordia en nuestra ciudad.»
La polémica surgió cuando, tras el anuncio de los nuevos criterios de adjudicación, varios empresarios del sector hostelero han denunciado que la prioridad dada a los colectivos y entidades sin ánimo de lucro los excluye injustamente, afectando gravemente a sus oportunidades de negocio. Por ello, van a acudir a la vía judicial “y así nos lo han transmitido”.
Además, la también edil popular señaló que esta situación es resultado de la «decisión unilateral» de Patricia Cavada de trasladar la feria a un recinto inadecuado, incapaz de albergar el número y tamaño de casetas que la feria isleña demanda. «Nos preguntamos qué repercusión va a tener esta decisión en el normal funcionamiento de la feria», cuestionó Roa. «Patricia Cavada debe responder a las inquietudes de estos profesionales y a la ciudadanía que espera una feria inclusiva y justa.»
El Partido Popular insta al gobierno municipal a reconsiderar estos criterios y buscar una solución participada que permita la presencia equitativa de todos los actores implicados. «Es esencial que las decisiones se tomen en base a principios de igualdad y competencia justa, y no por intereses electorales, como denuncian los empresarios afectados», concluyó Carmen Roa.
