FACUA-Consumidores en Acción reclama a las tres grandes operadoras de telefonía (Telefónica, Vodafone y Masorange) que establezcan la necesidad de que los clientes autoricen expresamente de forma previa las llamadas líneas de tarificación adicional 80x y 905. Una medida que ya ha empezado a aplicar Telefónica para las numeraciones 807 ante el alto índice de irregularidades.
Desde el pasado lunes 24 de junio, los clientes de Movistar y O2 que intenten llamar a estas numeraciones serán informados mediante una locución informativa sobre cómo deben actuar para autorizar su acceso a estos servicios de tarificación adicional.
En este sentido, la asociación critica que el Gobierno no imponga esta obligatoriedad a todas las empresas de telecomunicaciones —dejando desprotegidos a los usuarios ante el fraude que cometen muchos de los titulares de estas líneas—, y exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que trabaje para el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones y la reforma de la Carta de derechos de los usuarios de los servicios de comunicación electrónica para introducir la obligación de pedir esta autorización previa para acceder a todos los servicios de tarificación adicional 80x.
Así, la actual normativa de telecomunicaciones, reformada por última vez en 2022, reconoce el derecho a la desconexión de estos servicios, siempre que el usuario sea quien lo solicite previamente y de forma activa. FACUA, sin embargo, señala que debería modificarse la norma para que funcione en sentido contrario: que estén desconectados de forma general y sea el usuario quien pida expresamente su activación.
Actualmente, sólo los prefijos 803, 806 y 807 seguidos de las cifras 6, 7, 8 o 9 requieren de una solicitad expresa del usuario con fecha y firma.
La asociación recuerda que los números de tarificación adicional 80x están destinados a la prestación de servicios profesionales de información, artísticos, servicios para adultos, de ocio o entretenimiento. Se trata de teléfonos de alto coste, que no se encuentran dentro de las tarifas planas de las teleoperadoras. Sin embargo, cada vez más se utilizan para realizar prácticas irregulares por parte de sus titulares que buscan únicamente el enriquecimiento a costa del usuario.
