El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una nueva investigación sobre los pisos turísticos a través de la Dirección General de Consumo. La investigación está dirigida a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas y que podrían estar cometiendo prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Desde el ministerio se vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares en el negocio de los alojamientos turísticos. Esto se ha producido tras la investigación que Consumo abrió en junio sobre los anuncios publicados en plataformas de alojamientos que no poseen licencia turística.
La nueva investigación se centra en las operaciones de los pisos turísticos que se estarían gestionando de forma irregular. Además de las investigaciones, se comenzó a investigar a diversas agencias inmobiliarias que realizaron prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Entre estas prácticas se encuentran obligar a las personas usuarias a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
Estas iniciativas se encuentran en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España. Una cuestión que es uno de los principales problemas de nuestro país, algo que ha declarado en varias ocasiones.
También ha pedido poner freno a la especulación en el sector de la vivienda y ha solicitado a las administraciones públicas a que tomen todas las medidas necesarias para abordar el problema.
