El Consejo de Gobierno ha aprobado los expedientes de gastos relativos a la contratación, por parte de la Consejería de Salud y Consumo, del servicio de Atención Temprana bajo el régimen de concierto social en Andalucía. La licitación, que asciende a 104.699.098,56 euros, supone un incremento sobre el presupuesto de los conciertos sociales en vigor de más del 13% y demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía con la atención a los niños y niñas menores de 6 años con trastornos del desarrollo.
El presupuesto aprobado es el resultado del trabajo y la colaboración entre la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y ha precisado una modificación presupuestaria que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de abril.
Los datos de la licitación por provincias serían 10.728.208,32 euros para Almería, 16.333.834,56 euros para Cádiz, 8.648.515,20 euros para Córdoba, 11.477.360,64 euros para Granada, 5.333.733,12 euros para Huelva, 5.764.712,64 euros para Jaén, 22.532.419,20 euros para Málaga y 23.880.314,88 euros para Sevilla. La provincia de Almería es la que concentra casi el 40% del incremento, lo que supondrá una dotación de recursos extraordinaria para un adecuado ajuste de las necesidades crecientes de la población infantil con trastornos de desarrollo en este territorio.
Los actuales conciertos sociales que se iniciaron en junio de 2021 serán prorrogados, incluso de manera excepcional, de forma que la atención a las personas menores y sus familias no se vea interrumpida hasta que se firmen los contratos que se adjudiquen con este nuevo concierto social. El concierto social es un modelo de prestación del servicio público de atención temprana con la colaboración de la iniciativa privada, destacando el protagonismo del tejido asociativo a través de entidades sin ánimo de lucro. La organización de la prestación por lotes garantiza que la atención llega a todo el territorio de Andalucía, facilitando a las familias el acceso a un Centro de Atención e Intervención Temprana de calidad próximo a su domicilio, en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
El plazo de ejecución del concierto social será de 24 meses con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 meses adicionales lo que proporcionará una estabilidad a los puestos de trabajo de las personas profesionales de los centros y por consiguiente la continuidad en los procesos de atención.
Este concierto social ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2024, aunque la Junta de Andalucía anuló el procedimiento en diciembre de 2024 dando cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía a los recursos interpuestos. En estos seis meses, la Consejería de Salud y Consumo ha revisado la documentación del concierto social incorporando las recomendaciones del Tribunal, que tienen su reflejo tanto en el precio unitario de sesión, como en las mejoras que podrán ofrecer las entidades licitadoras, entre otras.
El precio unitario de la sesión se ha concretado en 30,13 euros y ha tenido en cuenta las tablas salariales del XVI Convenio Colectivo General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, negociado y suscrito el 29 de noviembre de 2024 por asociaciones empresariales y por los sindicatos FE-CCOO y UGT Servicios Públicos, siendo de aplicación a todas las personas trabajadoras de los centros de Atención e Intervención Temprana de titularidad privada.
Este nuevo concierto viene a subrayar el papel de las entidades consolidadas en la prestación del servicio y también la trayectoria profesional y formativa de quienes realizan una actuación directa o indirecta con niños y niñas, familias y entorno. Las novedades esenciales son las actuaciones de los centros para impulsar la implicación de las familias como sujetos activos en la intervención, la posibilidad de subcontratar las tareas propias de fisioterapia y la implantación de procedimientos innovadores de gestión administrativa.
El concierto social incorpora dos medidas que tendrán igualmente un efecto económico positivo en las entidades que resulten adjudicatarias de los contratos, relacionadas con la flexibilización de la jornada laboral en los meses de julio y agosto y la limitación de las sesiones gratuitas sin contraprestación económica, con un máximo del 4% de las sesiones del lote a cargo del beneficio industrial.
