La Asociación de salud mental, AFEMEN, celebra el próximo martes, día 10 de octubre, el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, que este año contará con el lema: “Salud mental, salud mundial: un derecho universal”. Dicho acto tendrá lugar en San Fernando en Plaza Rey, a las 12.00 horas.
En el evento participarán representantes políticos y sociales. Todos ellos se darán cita alrededor de una mesa informativa instalada por la asociación, en la que tendrá lugar la lectura de un manifiesto por parte de las personas usuarias, y de una proclama por parte de la alcaldesa. Al mismo tiempo, se convertirá en un punto de encuentro desde el que se informe y sensibilice a la ciudadanía, para contribuir a la visibilización de la salud mental, así como de las carencias y dificultades existentes en la atención sanitaria y social a las personas afectadas por problemas de salud mental.
Otras acciones previstas son: la presentación de una moción institucional para su aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento, así como la iluminación en el color de la salud mental en Andalucía – verde- de la fachada de un edificio público de la localidad.
El lema de la Asociación de este año es “Salud mental, salud mundial: un derecho universal”. El objetivo es dar a conocer las principales vulneraciones de derechos humanos que se producen en el ámbito de la salud mental, los servicios sociales, jurídicos y educativos, así como realizar propuestas para que las personas con problemas de salud mental no sufran estas vulneraciones que ocurren en nuestro país.
Manuel Martínez, presidente de AFEMEN, hace un llamamiento para que se incrementen los recursos de atención psicológica, de recuperación, de acompañamiento y apoyo mutuo. Es el momento de actuar de forma coordinada y en red para garantizar la humanización de la atención y la eficiencia de los recursos sociales y sanitarios en el ámbito comunitario. Necesitamos promover mecanismos de protección de los derechos humanos y el acceso universal a la protección de la salud mental.
«Queremos transmitir a toda la sociedad que la salud mental es un derecho inherente a la condición humana, y debemos protegerla bajo el prisma de los derechos humanos», aseguran.
En España, y en Andalucía, cada día se siguen vulnerando los derechos de las personas con problemas de salud mental. Es hora de reconocer que las medidas coercitivas no deben formar parte de ningún tratamiento ni ser consideradas como parte del proceso terapéutico. Es urgente avanzar hacia la meta de «cero contenciones» y erradicar por completo el uso de la coerción, ya sea física, química o emocional.
Así lo recoge el Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2022, publicado por la Confederación Salud Mental España. en el que recoge las vulneraciones de derechos que sufren las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial en diversos ámbitos, entre ellos, el laboral, el educativo y el jurídico.
Para AFEMEN, es crucial y apremiante destinar más recursos profesionales, siendo esencial la instauración de la figura de los profesionales de psicología en atención primaria y en el ámbito educativo, es necesario elevar la tasa de profesionales de salud mental hasta llegar a la media nacional (dato este que, a su vez, ya queda lejos de la europea) y promover programas de atención domiciliaria y de acompañamiento a través de la figura del agente de apoyo mutuo en salud mental.
Por ello, es imprescindible que se humanicen los tratamientos y se garantice una intervención especializada centrada en la persona, confiable y empática, que fomente la autonomía de las personas con problemas de salud mental
Incrementar la inversión en políticas preventivas y de promoción de la salud mental en el ámbito sanitario, social, laboral, judicial y educativo.
Mejorar la coordinación entre recursos y administraciones para garantizar una atención integral y en comunidad, especialmente para los colectivos más vulnerables como son personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia machista, y personas con problemas mentales y de tóxicos.
Generar espacios comunitarios de baja exigencia que permitan compartir experiencias y apoyarnos mutuamente.
Trabajar hacia las ‘cero contenciones’ y la erradicación del uso de la coerción, destinando recursos para implementar medidas alternativas desde un enfoque de derechos humanos.
Garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho a tomar las propias decisiones sobre la vida.
NUEVAS PERSPECTIVAS: PEDIMOS PRIORIZAR, REFORZAR Y AGILIZAR:
En Andalucía se están sentando las bases de un nuevo Plan de atención a los problemas de salud mental y las adicciones que, en 2024, el movimiento asociativo de salud mental espera que logre marcar las líneas del nuevo modelo de atención en Andalucía.
Se están formando grupos de trabajo con el objetivo de establecer mecanismos que agilicen y aseguren la humanización de las atenciones y recursos. Para mejorar la protección de los derechos, es esencial capacitar a profesionales en técnicas de desescalada, evaluar alternativas para la gestión de crisis y el acompañamiento, y llevar a cabo reformas en la resolución de atención de urgencias, traslados e ingresos.
Para lograrlo, es fundamental incorporar la perspectiva de los servicios sociales comunitarios y especializados, así como involucrar a profesionales de emergencias, fuerzas de seguridad y otros actores relevantes. También se requiere proporcionar información y concienciar a sectores como la justicia, los servicios sociales y la educación para garantizar el acceso en condiciones de igualdad y seguridad
La meta que propone el movimiento asociativo es mostrar a todas las instituciones que invertir en salud mental es apostar por una sociedad que convive en bienestar, es proteger a la infancia y la adolescencia, es una gestión eficiente de los recursos públicos, y es la garantía de protección de los derechos más esenciales de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Algunos datos:
Los datos más recientes del programa de salud mental indican que la tasa de profesionales de psicología clínica por cada 100,000 habitantes en los recursos públicos de salud ha aumentado de 3.65 a 4.65, con un total de 396 profesionales incorporados. Sin embargo, esta tasa todavía está por debajo de la media en España, que se sitúa en 6, según el último informe del Defensor del Pueblo. A su vez, España se distancia mucho de países como Alemania (41), Reino Unido (18) o Francia (15).
