El portavoz de Andalucía por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, acompañado de los ediles Jesús Plaza y Sandra Rodríguez, ha comparecido en rueda de prensa para valorar la tensa sesión del Consejo de Administración de la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) celebrada en la mañana de hoy. Los andalucistas han vuelto a poner en entredicho la contratación de una asesora jurídica y económico-financiera para empresa municipal, resaltando unas presuntas irregularidades y un posible «trato de favor» en dicho proceso de contratación, al ser adjudicataria una militante y ex concejal de Izquierda Unida.
Las sospechas, que el grupo ya hizo públicas el pasado mes de marzo, parecen ir bien encaminadas tras acceder al expediente de contratación solicitado por el consejero de la empresa pública en representación de AxSí, el edil Jesús Plaza.
Según ha explicado Plaza, “el expediente revela que para la adjudicación de este servicio especializado de asistencia técnica y elaboración de informes jurídicos y económicos solo se solicitaron tres presupuestos”. Sin embargo, tras requerir documentación complementaria, los andalucistas comprobaron que la persona adjudicataria no cuenta con la cualificación académica acreditada ni la titulación necesaria en materia jurídica o económica para prestar este tipo de servicios, aportando únicamente certificados equivalentes a una formación media, “algunos de ellos con fecha posterior a la firma del contrato”, anunciaba el concejal.
Asimismo, el portavoz de la formación ha alertado de que esta contratación supone una evidente duplicidad en el gasto público. EPSUVI ya cuenta desde hace dos décadas con contratos externos de asesoría jurídica y de gestión económica en manos de profesionales titulados y cualificados en la materia, “por lo que desembolsar más dinero público para las mismas funciones en una empresa que arrastra una delicada situación económica, no está para nada justificado”.
De igual manera, el edil andalucista ha asegurado que «intentar colar de tapadillo a una militante de Izquierda Unida por la puerta de atrás a través de una empresa pública es algo por lo que no vamos a pasar. Si quieren contratar personal de confianza, que lo lleven al pleno de frente y con transparencia».
Fernández, también ha afirmado que la voz de alarma partió inicialmente del propio personal del Ayuntamiento. Según han denunciado, empleados municipales alertaron de que esta persona entraba y salía con total libertad de las dependencias consistoriales, llegando a participar en reuniones internas, cuestiones sindicales y económicas sobre los presupuestos locales sin ser empleada pública ni tener vinculación contractual directa con el Ayuntamiento, sino exclusivamente con la empresa EPSUVI.
Por su parte, la concejal de la formación, Sandra Rodríguez, ha censurado la actitud de la alcaldesa ante la labor de fiscalización de la oposición. Los andalucistas aseguran que las peticiones de aclaración no han sentado bien a la regidora, quien ha reaccionado con «bastante beligerancia, pataleo y opacidad» dentro del Consejo de Administración. De igual modo, han acusado al equipo de gobierno de intentar «torpedear» la labor de control convocando las reuniones del consejo sin contactar previamente con los consejeros que así lo han pedido expresamente, sabiendo que con ese proceder están forzando su inasistencia por motivos laborales.
Ante las explicaciones verbales incongruentes e incompletas, AxSí ha exigido formalmente que la empresa municipal presente un informe por escrito y rubricado de todos los trabajos realizados hasta la fecha para incorporarlo al acta y comprobar si se ajustan formalmente al objeto del contrato. “Es fácil entender, que al igual que contratar a una auxiliar de enfermería para dar diagnósticos médicos no tiene lógica alguna, no podemos aceptar la contratación de una asesora en gestión económica y jurídica a una persona que no está titulada para hacerlo”, argumentó el representante político de los andalucistas en la EPSUVI. El grupo municipal ha dejado sobre la mesa el punto relativo a las acciones legales o administrativas a tomar a la espera de analizar dicho informe, advirtiendo que continuarán ejerciendo su derecho y obligación de fiscalizar el dinero de los puertorrealeños «quiera la alcaldesa o no».
