La concejal del Partido Popular, Carmen Roa, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para abordar otros asuntos relacionados con la vivienda de la ex- delegada de Urbanismo, Claudia Márquez. Para la edil popular, una información sorprendente que llega desde fuentes oficiales, la cual aporta datos, fechas y cifras que «no tienen desperdicio».
En la comparecencia de prensa, Roa ha afirmado que la ex- delegada municipal de Urbanismo, Claudia Márquez, “dictó una orden de ejecución sobre un inmueble de su propiedad”.
Resalta que, “una orden de ejecución obliga a la propiedad de un inmueble a la realización de una serie de obras muy concretas con el único objetivo de que la finca no termine convirtiéndose, debido a su mal estado, en un peligro para las personas o las cosas”, señaló Roa. Por ello, «el Ayuntamiento no cobra ninguna tasa por la ejecución de unos trabajos básicos, como son la reparación y pintado de la fachada, limpieza y mantenimiento permanente en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como las medidas técnicas necesarias para evitar perjuicios y daños a las edificaciones colindantes y a la vía pública, apostilla Roa”.
A juicio del PP, Claudia Márquez intentó “colar” como trabajos contemplados en la orden de ejecución la construcción de una piscina, la apertura de una ventana o una chimenea. “Tal y como ya advirtieron los técnicos municipales, la intención de la entonces delegada de Urbanismo no se circunscribe a ámbitos prescritos por una orden de ejecución, conminándolo a solicitar una licencia de obras, que no es gratis y sí cuesta dinero», recordó Carmen Roa.
Con este panorama, Carmen Roa, deja ver en sus explicaciones que “la actitud de la todavía teniente de alcaldesa de Patricia Cavada, solo cabe sospechar que intentó ahorrarse el coste de la licencia de obras, puesto que era conocedora, tanto por su profesión (arquitecta) como por el cargo público que ocupaba en ese momento, de lo que habilita a ejecutar en una vivienda una orden de ejecución y de aquello para lo que se precisa una licencia de obras”.
En base a la información en poder de la formación popular, Roa ha detallado cronológicamente el asunto. Según Carmen Roa, en el año 2017, el parte de un agente de la Policía Local alertando del mal estado del edificio en cuestión, pone en marcha el mecanismo municipal para requerir a la propiedad su mantenimiento mediante la ya consabida ‘orden de ejecución’.
Ya el 24 y 25 de mayo, Roa puntualiza que los técnicos de Urbanismo propusieron ordenar a la propiedad de la vivienda -en ese momento, la Fundación Adolfo Carneiro dependiente del Obispado- acometer las obras recogidas en la orden de ejecución.
Carmen Roa sigue detallando que días después, concretamente el 29 de mayo, se firmó un contrato de compraventa entre la Fundación y los nuevos propietarios, Claudia Márquez y su marido. Según lo que recoge el documento en poder del PP, el 5 de junio, Urbanismo dictó la orden de ejecución sobre la finca siéndole notificado a la Fundación el decreto que ya recoge la orden de ejecución, con las obras contempladas en el mismo y el plazo dado para acometerlas.
Siguiendo la cronología de los pasos seguidos, Roa ha informado en rueda de prensa que el 20 de junio, se recibió en el Ayuntamiento un escrito en el que la Fundación solicitó una prórroga de 5 meses para poder culminar la operación de venta “y para que el nuevo titular (Claudia Márquez y marido) que ya conoce de la orden de ejecución, puedan presentar la documentación pertinente”, señala literalmente.
“Esta es la cronología y estos son los datos que certifican que Claudia Márquez, en su calidad de delegada municipal de Urbanismo, dictó una orden de ejecución sobre un inmueble que ya era de su propiedad. Hemos sido siempre muy respetuosos con la persona, pero, está claro, que vamos a exigir toda la responsabilidad política que la concejala socialista tiene en este asunto y que, es lícito sospechar, Patricia Cavada conoce”, asevera Carmen Roa.
Carmen Roa, ha hecho hincapié, en que no es plato de buen gusto sacar a la luz asuntos de este tipo, pero de igual manera asegura que como miembros de la corporación que son y de la oposición, se ven en la obligación de “exigir al gobierno municipal su ejemplaridad y una conducta irreprochable”, afirma.
Vaya por delante esta puntualización, Roa, también ha dejado claro que por respeto no están dando otro tipo de datos, como por ejemplo, el precio por el que se ha vendido el inmueble y que “está completamente fuera de mercado”.
Por último, la concejal del PP exige a Patricia Cavada el cese de Claudia Márquez “ante estas evidencias que, sospechamos, la alcaldesa ya conocía. No puede continuar defendiéndola a no ser que persista en esa actitud un interés desconocido. Le recordamos a la alcaldesa socialista que mantiene en su gobierno a una concejala que va contra los técnicos municipales por el simple hecho de hacer correctamente su trabajo, que intentó reformarse su casa sin pedir licencia de obras como estamos obligados todos los ciudadanos y que se dictó una orden de ejecución”.
