El Ayuntamiento de San Fernando ha desestimado todas las alegaciones presentadas por la concejal Claudia Márquez, en relación a la casa de la ex- delegada de Urbanismo, según ha informado la concejal del Partido Popular, Carmen Roa en rueda de prensa.
Al parecer, y según la información del PP isleño, el pasado 22 de julio el concejal Conrado Rodríguez, firmó un decreto en el que se pide devolver a su estado legal, la vivienda de Márquez. El decreto, según explica Carmen Roa, viene a dar la razón a la denuncia realizada por el Partido Popular hace unos meses, donde apuntaban los indicios existentes de unas presuntas irregularidades e incumplimientos del PEPRICH, en la finca propiedad de Claudia Márquez. Roa asegura, que todo lo que la formación popular lleva meses denunciando no era «un despropósito» como los socialistas quisieron vender a los isleños.
Hay que recordar que esa denuncia que efectuó el PP en su momento, fue tachada por la edil del PSOE, e incluso por algunos miembros del Gobierno municipal, incluido el propio Conrado Rodríguez, como una “persecución personal”, “campaña de acoso” y de “una bajeza moral sin precedentes”. Hoy, según Carmen Roa, ha quedado demostrado que únicamente esa denuncia perseguía “el que nadie utilice su condición de preeminencia en la administración para actuar de espaldas a la legalidad, puesto que todos los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones”.
Roa asegura, que en todo el expediente relativo a la finca en cuestión no aparece ninguna licencia de obras, como corroboran en sus informes los técnicos municipales. “Con esta actitud, lo único que puede concluirse es que Claudia Márquez ha pretendido ahorrarse el coste de un trámite obligatorio para todo aquel que emprende una obra, como es solicitar a la delegación municipal de Urbanismo -de la que ella era responsable- la preceptiva licencia”, asevera contundentemente.
Con este decreto, firmado por Conrado Rodríguez, se recuerda a su compañera del Gobierno Municipal, Claudia Márquez, que la vía administrativa queda agotada y que la única posibilidad de recurso a la decisión municipal sería acudiendo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Es decir, la concejala del PSOE tendría que actuar judicialmente contra el Ayuntamiento.
“Claudia Márquez está obligada a restituir a la legalidad la finca de su propiedad, eliminando volúmenes construidos, por tanto, de manera ilegal vulnerando la protección urbanística de la vivienda que le confiere el PEPRICH”, informa Carmen Roa (PP).
Dicho esto, si a finales del presente mes, que es cuando cumple el plazo habilitado para que acuda al Contencioso Administrativo, Claudia Márquez no hubiese realizado las obras exigidas, el Ayuntamiento deberá proceder “a la imposición de hasta 12 multas coercitivas con un máximo de 5.000 euros y 600 euros como mínimo”.
Por si todo esto fuera poco, hay otro asunto, nada agradable para la formación popular, que quieren denunciar públicamente. Y es que tienen constancia de hechos que, cuando menos, son irregulares y muy sospechosos, como el que la citada concejala socialista sacara del Ayuntamiento el expediente municipal sobre su vivienda, permaneciendo fuera de las dependencias municipales “durante mucho tiempo”.
Ante tal panorama, el PP se pregunta, qué tiene que decir ahora la alcaldesa de San Fernando referente a su concejal y ex- delegada de Urbanismo. Esperan que Patricia Cavada tome cartas en el asunto y cese a su compañera de sus cargos en el Gobierno Municipal. Igualmente exige la restitución de la legalidad en la vivienda que la concejala socialista adquirió a una fundación del Obispado de Cádiz.
Por último Carmen Roa, ha dejado claro, que para su formación no es agradable denunciar este tipo de caso, pero como partido que está al servicio de la ciudadanía, están en la obligación de fiscalizar el trabajo que realiza el equipo de Gobierno. «Y así lo seguiremos haciendo solicitando información para que se cumpla con la ley y haya transparencia».
