La sección sindical de CSIF en la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, encargada de la limpieza pública y recogida de residuos de Cádiz, ha acogido con satisfacción la posibilidad que ha mostrado el Gobierno municipal de resolver el contrato ante los graves incumplimientos que ha detectado. El expediente sancionador que está tramitando el Ayuntamiento podría alcanzar casi el millón de euros, pero para CSIF, la apertura de este expediente sería insuficiente, “teniendo el Consistorio los medios legales y técnicos para resolver el contrato con una empresa que está incumpliendo el pliego de manera voluntaria y continuada”. Hay que recordar que varios de los motivos en que se apoya el expediente sancionador vienen heredados de la concesionaria anterior de la cual Valoriza ya formaba parte.
Para CSIF, es “incomprensible que se mantenga un contrato con el modelo actual, “teniendo en cuenta que la actualización de precios, suponiendo una ampliación real de 1,5 millones de euros en el presupuesto, no ha repercutido directamente en el servicio de forma visible (falta de herramientas, mangueras rajadas, ausencia de vehículos y maquinaria…). Igualmente, la sección sindical considera un error la aprobación de la nueva tasa de basura municipal mientras no se implemente la denominada quinta fracción (el contenedor marrón para residuos orgánicos) y la empresa no cumpla los mínimos exigibles. Para CSIF es llamativo que toda esta situación haya sido denunciada de forma continua exclusivamente por parte de esta sección sindical, no habiéndose pronunciado al respecto ninguna otra parte perteneciente al comité de empresa.
Lo que preocupa a la plantilla son los incumplimientos tanto del convenio colectivo como del propio pliego de condiciones por parte de la empresa. Pero CSIF teme que, ante esta posible ruptura de contrato, y conociendo la política de penalización de la concesionaria, la respuesta de la misma sea intensificar las sanciones sobre la plantilla en lugar de asumir responsabilidades. Hay que puntualizar que el personal de la empresa acumula ya más de 900 jornadas sin empleo y sueldo mediante expedientes disciplinarios.
CSIF advierte de que seguirá denunciando cualquier irregularidad y espera “que se dé un paso firme y decisivo para instaurar un servicio digno para Cádiz y proteger a sus trabajadores y trabajadoras”. La ciudadanía, la oposición, organizaciones vecinales y hasta Facua ya han mostrado su hartazgo ante un servicio que no responde ni a las necesidades de la ciudad ni a lo establecido en el contrato, en una situación insostenible que se alarga desde la concesión del servicio.
