El Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía (SIP-AN) ha denunciado públicamente una presunta brecha de seguridad en el Ayuntamiento de San Fernando tras la filtración y distribución no autorizada de un documento interno que contenía información personal y profesional de una treintena de agentes de la Policía Local.
Según detallan desde la central sindical, la documentación expuesta incluía nombres y apellidos de los funcionarios, el puesto o rango que ocupan dentro de la plantilla municipal y los días de trabajo que tienen asignados. Estos datos, calificados como de carácter confidencial, habrían quedado desprotegidos al salir del circuito estrictamente administrativo.
La denuncia subraya que la filtración no se limitó a un canal aislado. Varios ejemplares del documento fueron impresos y repartidos físicamente por distintas dependencias de la Jefatura de la Policía Local isleña. De forma paralela, el archivo digital comenzó a circular a través de grupos y mensajes de la aplicación WhatsApp, lo que multiplicó de forma exponencial el número de personas con acceso a dicha información reservada.
Desde el sindicato sostienen que el recorrido de la documentación prueba que «no se trata de un hecho accidental o puntual», sino de un incumplimiento flagrante de la cadena de custodia y del deber de secreto que atañe a la administración local como responsable del tratamiento de los datos.
Ante la gravedad de los hechos, que afectan directamente al derecho a la privacidad de los empleados públicos, SIP-AN ha puesto en marcha una batería de acciones administrativas e institucionales como la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para auditar el tratamiento de la información y dirimir si existió una infracción normativa por parte del consistorio.
Un escrito al Delegado de Protección de Datos (DPD) municipal con el fin de que se inicie de forma inmediata una investigación técnica sobre la brecha de seguridad.
De igual forma, han solicitado formalmente a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, la apertura urgente de un expediente informativo y disciplinario para esclarecer quién facilitó el documento original, quiénes participaron en su difusión y depurar las posibles responsabilidades.
Desde la representación sindical han recalcado que la custodia de los datos personales es una «obligación legal estricta» para cualquier administración y aseguran que no descartarán nuevas acciones legales hasta que el caso quede completamente esclarecido.
