El Partido Popular (PP) de San Fernando ha mostrado su preocupación por la situación en la que han quedado seis familias isleñas tras la salida de los trabajadores que durante años han prestado servicio en el área de informática del Ayuntamiento con la entrada en vigor del nuevo contrato adjudicado por el Consistorio.
La formación considera que el gobierno municipal del PSOE de Patricia Cavada debe ofrecer explicaciones sobre cómo se ha llegado a este desenlace y qué actuaciones llevó a cabo para evitar una situación que afecta a seis profesionales que habían desarrollado su trabajo de forma continuada para la administración local durante periodos comprendidos entre los siete y los veintiún años.
A lo largo de ese tiempo, estos trabajadores habían pasado por distintos procesos de subrogación entre empresas adjudicatarias, desempeñando diariamente su labor en dependencias municipales y responsabilizándose del correcto funcionamiento de los sistemas informáticos que dan soporte a los diferentes servicios del Ayuntamiento.
El Partido Popular recuerda que el contrato del servicio permanecía prorrogado desde 2020 y que los propios trabajadores trasladaron al equipo de gobierno la situación laboral que venían soportando antes de acudir a los tribunales para presentar una demanda por una presunta cesión ilegal de trabajadores.
«Más allá del procedimiento judicial, que será el encargado de determinar las responsabilidades laborales que correspondan, existe una responsabilidad política que el gobierno municipal no puede eludir. Los isleños tienen derecho a conocer qué gestión realizó el Ayuntamiento durante todo este tiempo y por qué no fue capaz de evitar que seis trabajadores con una amplia trayectoria profesional hayan terminado fuera del servicio», señala el Partido Popular.
La formación considera especialmente preocupante que profesionales que llevaban hasta dos décadas vinculados al funcionamiento diario del Ayuntamiento hayan quedado fuera del servicio sin que el gobierno municipal haya ofrecido, hasta el momento, una explicación pública sobre las actuaciones desarrolladas durante los últimos años para afrontar este conflicto.
Asimismo, el PP entiende que también debe aclararse por qué en anteriores cambios de empresa adjudicataria se produjo la subrogación de la plantilla mientras que en esta ocasión no ha ocurrido lo mismo, así como las razones por las que un contrato que permanecía prorrogado desde 2020 ha desembocado en una situación de tanta incertidumbre para estos trabajadores y sus familias.
Por ello, el Partido Popular solicitará acceso al expediente de contratación, a los informes técnicos y jurídicos que sustentan la adjudicación y a toda la documentación relacionada con las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento desde que tuvo conocimiento de la situación planteada por estos trabajadores.
«Detrás de este conflicto no hay solo un expediente administrativo. Hay seis familias que atraviesan una situación de enorme incertidumbre después de haber dedicado años de su vida profesional al Ayuntamiento de San Fernando. Merecen explicaciones, respeto y la tranquilidad de saber si realmente se hizo todo lo posible para evitar este desenlace», concluye el Partido Popular.
