El Partido Popular (PP) de San Fernando ha mostrado su profunda preocupación ante la denuncia presentada por el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) contra el Ayuntamiento de la ciudad ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Los populares exigen al gobierno de Patricia Cavada que actúe con la máxima transparencia e informe de forma inmediata y veraz sobre los hechos denunciados.
Según la reclamación del SIP-AN, la concejala de Seguridad Ciudadana habría tenido acceso a una aplicación policial que permite consultar datos personales de todos los vecinos, incluyendo incidencias policiales, diligencias y atestados judicializados, así como información especialmente sensible. Un acceso que, a juicio del sindicato, se habría producido sin las debidas garantías y podría suponer una vulneración clara de la normativa de protección de datos.
Desde el PP comparten plenamente la advertencia del SIP-AN cuando señala que “no todo vale en política ni en la gestión pública”. Los datos personales de los isleños no son un recurso al servicio de ningún cargo político. Si se confirmase que una persona con responsabilidades de gobierno ha tenido acceso a información policial sensible sobre ciudadanos particulares, estaríamos ante una gravísima vulneración de derechos fundamentales que exigiría responsabilidades políticas inmediatas.
El PP recuerda que la privacidad de los vecinos no es negociable y que cualquier cargo público que acceda a información personal de los ciudadanos al margen de la legalidad vigente debe responder por ello. “Los isleños tienen derecho a saber quién maneja su información personal y con qué fines”, afirma el partido.
El propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ya ha iniciado actuaciones para investigar los hechos, lo que el Partido Popular considera suficientemente grave como para que la alcaldesa Patricia Cavada se pronuncie de manera urgente y sin ambigüedades.
Por todo ello, el Partido Popular exige al gobierno municipal del PSOE tres cosas concretas: primero, que la alcaldesa Patricia Cavada comparezca de forma urgente y ofrezca una explicación pública, clara y detallada sobre el acceso de la concejala de Seguridad Ciudadana a la aplicación policial; segundo, que se suspenda cautelarmente dicho acceso hasta que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía concluya su investigación; y tercero, que el gobierno municipal colabore plenamente con las actuaciones del organismo autonómico y haga públicas las conclusiones que se deriven del proceso.
El PP isleño entiende que, si los hechos denunciados por el SIP-AN se confirman, no se trataría de un error administrativo, sino de un problema de fondo en la concepción que este gobierno tiene del ejercicio del poder. La transparencia y el respeto a la privacidad de los ciudadanos no son valores opcionales: son obligaciones legales y éticas que no admiten excepción.
