El grupo municipal socialista ha mantenido una reunión de trabajo con las representantes sindicales del CSIF del servicio de Ayuda a Domicilio para analizar la situación actual del contrato de este servicio público. El encuentro se produce después de que en el último pleno el Gobierno local de Izquierda Unida, liderado por la alcaldesa Carmen Álvarez, aprobara una nueva prórroga de un año de la privatización del servicio.
Dicha prórroga salió adelante gracias al voto de calidad (voto doble) de la propia alcaldesa y la abstención de los grupos municipales del Partido Popular y VOX.
Desde el PSOE han querido recordar que la municipalización de la Ayuda a Domicilio era una de las prioridades absolutas de la hoja de ruta pactada para la legislatura 2023-2027. De hecho, este compromiso fue leído por la propia Carmen Álvarez en su discurso de investidura de 2023, la cual asumió la alcaldía sin haber ganado las elecciones gracias al pacto de coalición con los socialistas.
La «continua negativa» de la alcaldesa a cumplir con este punto del programa fue, precisamente, el detonante que llevó al PSOE a renunciar a sus competencias y a romper el pacto de gobierno en marzo de 2025.
Como explicó el portavoz socialista, Víctor Mora, durante la última sesión plenaria, el partido se opuso firmemente a una nueva prórroga, instando al ejecutivo local a iniciar de inmediato los trámites para la gestión pública directa.
El presupuesto de la prórroga para este año 2026 asciende a 9 millones de euros. El PSOE señala que el 10% de esta cantidad —unos 900.000 euros— corresponde al beneficio empresarial; un dinero que, según defienden, revertiría directamente en la mejora de las condiciones de las trabajadoras si el servicio fuera 100% público.
A pesar de que la prórroga ya ha sido aprobada y el servicio continuará privatizado durante este año, el PSOE mantiene su postura y ha trasladado a las representantes de CSIF una hoja de ruta clara para no perder más tiempo.
El grupo socialista propone comenzar «desde ya» con los trámites técnicos previos. La primera medida planteada consiste en modificar los estatutos de la empresa pública municipal (Emuremasa) para que recojan la gestión de la Ayuda a Domicilio. De este modo, una vez finalizado el año de prórroga actual, el Ayuntamiento contaría con el soporte legal y operativo necesario para asumir el servicio de forma directa y municipalizada.
