La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abonado a los colegios de abogados y procuradores 1.739.122 euros por las asistencias realizadas por los profesionales gaditanos de la Abogacía y la Procura dentro del sistema de Justicia Gratuita entre julio y septiembre.
En concreto, 154.314,36 euros corresponden a los procuradores (83.541,36 euros para los del Colegio de Cádiz y 70.773 euros para los colegiados de Jerez) y más de 1,5 millones a los letrados por las actuaciones certificadas que los colegios presentaron a final de octubre y que, una vez comprobadas, no requieren subsanación. En el caso de los abogados, 488.004 euros son las retribuciones por las guardias realizadas (430.314 correspondientes a los colegiados de Cádiz y 57.690 a los de Jerez) mientras que 1.096.803,65 euros son las compensaciones por las asistencias del turno de oficio (820.913,96 para los profesionales del Colegio de Cádiz y 275.889,69 para los de Jerez).
La delegada territorial de Justicia, Ana Bertón, ha destacado que “ambos realizan una labor solidaria fundamental ya que garantizan la representación jurídica a las personas que carecen de recursos económicos y a víctimas especialmente vulnerables, como las mujeres que sufren violencia de género”. De hecho, en la provincia de Cádiz hay unos 660 letrados adscritos al turno de oficio especializado en violencia de género y en el tercer trimestre del año han realizado 616 guardias para prestar asistencia a las víctimas.
“En colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, hemos realizado cursos de formación tanto en el Colegio de Cádiz como en el de Jerez para que conozcan los diferentes recursos y servicios de la Junta para atender a las mujeres que sufren violencia de género”, ha detallado.
La delegada ha destacado el esfuerzo de la Consejería por mejorar el sistema de Justicia Gratuita, tanto con el incremento de las compensaciones económicas que reciben ambos colectivos como incluyendo actuaciones que hasta ahora no se cubrían como la mediación. Andalucía es la primera comunidad que ofrece la posibilidad de contar con un abogado de oficio para estos procedimientos y retribuye con hasta 400 euros a los profesionales que logren acuerdos por esta vía alternativa de resolución de conflictos.
En este sentido, ha destacado que son “aliados fundamentales en la Estrategia que hemos puesto en marcha en la Consejería para impulsar la mediación, con recursos como el Servicio de Mediación Penal en Andalucía, que ahorra costes y tiempo y que contribuye a aliviar la sobrecarga de trabajo que tienen los juzgados andaluces por la alta tasa de litigiosidad”.
Asimismo, desde enero también se compensa económicamente a los letrados que asisten a personas por orden judicial, aunque después éstas no resulten tener derecho a la Justicia Gratuita.