Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, CCOO y UGT, presentes en la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía, se han movilizado hoy en defensa del mantenimiento de los recursos destinados a los centros de educación compensatoria, que atiende al alumnado más vulnerable, y del derecho legítimo a la movilidad del profesorado. La red de compensatoria ha sido durante décadas una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y cualquier modificación normativa debe reforzarla y ampliarla, nunca sustituirla o debilitarla.
Las movilizaciones convocadas hoy frente a las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en las ocho provincias andaluzas responden al rechazo unánime de las organizaciones al Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) que la Consejería mantiene en tramitación y que, tal y como está planteado, afecta gravemente a los derechos laborales del profesorado y, además, no garantiza la dotación de recursos que estos centros tienen en la actualidad.
Los sindicatos han denunciado que la Administración ha adoptado, de forma unilateral, una medida que posibilita que, en los centros ZTS de difícil desempeño, la cobertura en comisión de servicios de puestos del equipo directivo pueda conllevar el bloqueo de miles de plazas docentes cada curso en los procedimientos de colocación. Asimismo, han criticado que esta medida carece de la suficiente transparencia para determinar qué centros podrían acogerse a ella, puesto que no se hacen públicos los afectados, así como tampoco se cuantifican ni se facilitan datos objetivos a la parte social que permitan verificar qué centros cumplen realmente los criterios establecidos por la Administración. Esta ausencia de transparencia elimina cualquier mecanismo de control y abre la puerta a decisiones discrecionales.
Además, el texto supone un claro retroceso respecto al modelo actual de compensatoria, ya que no asegura financiación estable con fondos propios de la Junta de Andalucía, dado que la ejecución de gran parte de las medidas que se tienen previstas se sustentan en fondos europeos, cuya vigencia es hasta 2027.
CSIF, ANPE, CCOO y UGT han subrayado que mejorar la calidad educativa del alumnado más vulnerable es un objetivo irrenunciable, pero han advertido de que los recortes de recursos y las limitaciones a la movilidad del profesorado no contribuyen a ese fin y, además, lesionan derechos básicos como la conciliación familiar y laboral. Asimismo, recuerdan que cualquier medida sobre provisión de puestos y organización interna debe ajustarse estrictamente a los principios de objetividad, transparencia y publicidad.
Para las organizaciones sindicales convocantes la mejora de estos centros de especial dificultad pasa necesariamente por reforzar las condiciones laborales del profesorado y de los equipos directivos destinados en los mismos, atendiendo a la complejidad del desempeño de estos puestos de trabajo y dotando adecuadamente los proyectos educativos adaptados a las necesidades del alumnado.
Las centrales sindicales aseguran haber mantenido una actitud de diálogo y negociación hasta el último momento; no obstante, ante la falta de receptividad de la Consejería a atender las propuestas destinadas a salvaguardar derechos ya adquiridos por el profesorado y a garantizar los recursos de los centros, se han visto obligadas a impulsar movilizaciones y cuantas acciones sean necesarias para que se escuche la voz de los docentes andaluces. Asimismo, las organizaciones sindicales no descartan intensificar el calendario de protestas si el decreto definitivo no asegura estos mínimos, y continuarán defendiendo en todos los ámbitos la escuela pública y los derechos de su profesorado.
