Jornada de protestas y tensión en el sector público local. En la mañana de hoy, sindicatos policiales, colectivos de trabajadores municipales y ciudadanos afectados se han concentrado a las puertas de la Jefatura de la Policía Local para denunciar públicamente lo que consideran una situación de «abandono y deterioro sistemático» en los servicios municipales desde hace años.
A la protesta, motivada por un sentimiento generalizado de hartazgo ante la falta de respuestas del equipo de gobierno socialista de Patricia Cavada, se han sumado también empleados del servicio de zona azul, personal del área de deportes y ciudadanos que aseguran encontrarse en «listas negras» dentro del servicio municipal de limpieza. Tras concentrarse en la Jefatura, la marcha se ha desplazado de forma ruidosa por la zona del mercadillo municipal y ha realizado una parada frente a la piscina del municipio para visibilizar sus protestas.
El colectivo de la Policía Local ha sido uno de los más demandantes, asegurando que los problemas de la plantilla llevan años enquistados sin que exista voluntad real de negociación. Los representantes sindicales han puesto sobre la mesa una extensa lista de deficiencias que, según denuncian, afectan gravemente a su seguridad y al desempeño de sus funciones como la falta de medios y seguridad. Denuncian que la plantilla no recibe uniformidad desde el año 2022 y que las propias dependencias policiales carecen de medidas básicas de seguridad.
Por otro lado, reseñan el abandono jurídico y laboral. Los agentes critican la ausencia de una asistencia jurídica adecuada y desvelan que el Ayuntamiento arrastra facturas impendientes con letrados desde hace más de seis años. Además, recuerdan que estuvieron dos años sin empresa de prevención de riesgos laborales.
En el comunicado, también resaltan el incumplimientos legales. Censuran que desde 2007 no se regule la segunda actividad —pese a ser obligatorio por ley— ni se adapten los puestos para empleados con limitaciones funcionales. También exigen el pago de gastos derivados de situaciones de insolvencia avalados por el Tribunal Supremo.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia sindical apunta directamente a la gestión de personal del gobierno local. Los sindicatos afirman que la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) está totalmente obsoleta y sospechan que se utiliza como «mecanismo de castigo o recompensa» según la afinidad política.
Asimismo, exigen explicaciones urgentes sobre el sistema de acceso a la Jefatura —donde aseguran que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad — y sobre las presuntas irregularidades en la contratación del psicólogo que evaluó al nuevo Jefe de la Policía Local.
Los representantes de los trabajadores han advertido que este clima de malestar no solo perjudica a la plantilla, sino que merma directamente la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
Ante el silencio administrativo, los colectivos convocantes han lanzado un aviso rotundo al Ayuntamiento: las movilizaciones no han hecho más que empezar y continuarán de forma contundente si se siguen ignorando unas reivindicaciones que tachan de «justas, legales y necesarias».
