La justicia ha vuelto a dar la razón a los agentes de la Policía Local de San Fernando. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha sumado tres nuevas victorias judiciales frente al Ayuntamiento de la localidad, reconociéndose de manera explícita el derecho de tres funcionarios a ser indemnizados por la Administración tras sufrir lesiones en el ejercicio de sus funciones.
Los procedimientos, dirigidos por el despacho especialista Prian Abogados, ratifican la doctrina jurisprudencial que obliga a las administraciones públicas a resarcir a los agentes cuando concurren los requisitos legales. Estas tres nuevas resoluciones no representan un hecho aislado, sino que consolidan una senda continuada de fallos favorables para los afiliados del SIP-AN en el municipio isleño.
Desde las filas del SIP-AN han calificado de insostenible la postura del Consistorio, criticando que los profesionales de la seguridad ciudadana se vean forzados a litigar durante años para ver reconocidos unos derechos que la justicia avala sistemáticamente.
El sindicato advierte que esta falta de respuesta en la vía administrativa genera un perjuicio multidireccional, afectando tanto a los agentes lesionados, obligados a soportar dilaciones temporales y el desgaste de un proceso judicial, como al Gabinete Jurídico Municipal, sobrecargado de trabajo por expedientes con un resultado adverso previsible, y a la propia ciudadanía de San Fernando, que asume a través de los presupuestos municipales el sobrecoste de estos litigios, incluyendo los intereses de demora y las condenas en costas judiciales impuestas al Ayuntamiento.
Para atajar este problema de raíz, el SIP-AN ha formalizado una petición al Ayuntamiento de San Fernando para implantar de inmediato un protocolo interno específico. La medida permitiría tramitar y abonar de forma directa y por vía administrativa las indemnizaciones correspondientes en casos de lesiones en acto de servicio.
Con este mecanismo, la central sindical busca simplificar los trámites, garantizar los derechos de los policías locales y proteger las arcas públicas de gastos judiciales innecesarios. Mientras la propuesta no sea atendida, tanto el SIP-AN como Prian Abogados han reconfirmado que continuarán acudiendo a la vía jurisdiccional para defender a sus afiliados hasta que el Ayuntamiento adopte una solución definitiva.
