El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha valorado la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por un vecino isleño contra la supresión por parte del Ayuntamiento del nivel de catalogación del antiguo convento de las Madres Capuchinas. Hay que recordar que estos edificios estaban catalogados con un nivel de protección 2 y que ahora pasarán a un nivel 4 de interés ambiental. “Que el TSJA admita a trámite este contencioso sobre el drástico cambio en el nivel de protección nos lleva a reforzar las sospechas de que el Ayuntamiento especula con estos suelos y que tiene entre manos un pelotazo urbanístico, extremo que denunciamos con exclusividad en el pleno ordinario de 22 de diciembre de 2023. Pocas explicaciones plausibles se pueden dar para que, de la noche a la mañana, pierda ese grado de protección unos edificios de indudable valor patrimonial, una protección que sólo era superada por los inmuebles considerados como Bienes de Interés Cultural (BIC)”, señala el andalucista.
“Ya en el pasado mandato denunciamos que era poco ético y estético que la antigua delegada de Urbanismo de Cavada le comprase una finca al Obispado, que es una institución con notorios, y legítimos, intereses urbanísticos en la ciudad. En este mandato se incide en esta dirección con un convenio urbanístico con el Obispado y las posteriores modificaciones puntuales del PGOU para el desarrollo de estos suelos. Hay que recordar que se modifica en el catálogo un espacio incluido en el Sistema de Información de Patrimonio Histórico de Andalucía que estaba protegido en nuestro Plan General de Ordenación Urbana. De esta manera, se modifica y reduce el nivel de protección del inmueble, se descataloga, se aumenta el aprovechamiento urbanístico y se cambia su uso para poder destinar 5.000 metros cuadrados a un negocio privado y 8.500 metros cuadrados a viviendas y locales, de los cuales todavía desconocemos qué porcentaje de viviendas exacto es para vivienda social y si los precios y alquileres de las mismas serán accesibles para las familias vulnerables”, continúa Romero.
El portavoz tiene claro que, por un lado, este proyecto, supondrá considerables beneficios para la propiedad y la promotora privada y que, por otro, Cavada/López Gil pretenden sacar como prioridad rédito electoral de esta operación a costa del patrimonio histórico isleño que nada le importa. El Convenio no persigue satisfacer el interés general de los ciudadanos de San Fernando sino más bien atender a intereses particulares especulativos y electoralistas que van claramente en contra de este principio del planeamiento urbanístico. De hecho, la propia Memoria en su apartado 6.º literalmente reconoce “La modificación encuentra su justificación urbanística en la necesidad de otorgar un mayor valor a las parcelas del Convenio”.
Ante la falta de información sobre este proyecto ya denunciamos nuestras dudas en el pleno y las reiteramos: ¿Qué ratio de viviendas va a quedar en esa zona tan colmatada de viviendas cuando la LOUA establece el límite en setenta y cinco por hectárea?, ¿qué equipamientos sociales para las familias vulnerables se va a ofrecer?, ¿qué tipos de vivienda se ofertarán?, y ¿cómo queda el anuncio a bombo y platillo hecho por Cavada sobre la cesión al Ayuntamiento de la Capilla para su reforma con el fin posterior de cedérsela al Consejo de Hermandades como sede antes de junio de 2025? De esta manera, Romero exige a Lopez Gil y Cavada que abandonen su oscurantismo, que sean transparentes sobre lo que se refiere al desarrollo de los suelos de Capuchinas e informe del recurso interpuesto respecto del convenio entre el Obispado y el Ayuntamiento en los términos que acabamos de exponer.
