“233.225 pensionistas 110.970 personas vulnerables suman, entre otros, el grueso de la nómina de damnificados en nuestra provincia por el rechazo parlamentario ejecutado por la derecha al decreto que recogías las medidas del escudo social destinadas a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad” con esta afirmación condenaba la secretaria provincial de CCOO, Inmaculada Ortega, la situación creada por lo que han calificado de comportamiento irresponsable de los grupos parlamentarios de PP, VOX y JUNS.
CCOO cuantifica en una media de 660 euros al año la perdida de ingresos de los pensionistas gaditanos, en el caso de que no se corrija la situación creada y se impida el incremento de las pensiones de a acuerdo con la subida del IPC.
De igual manera este sindicato centra su denuncia en lo que este hecho repercute en la congelación de las cuantías del Ingreso Mínimo Vital para los más de 100 mil ciudadanos gaditanos en estado de vulnerabilidad.
CCOO manifiesta su más rotunda oposición a ese ejercicio de oportunismo político con elevadísimos costes sobre las espaldas de la ciudadanía. Son cientos de miles las personas afectadas en la provincia de Cádiz. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos…
“Hablamos de una agresión sin precedentes a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general” ha reiterado Ortega.
Ante esta situación, CCOO Cádiz se sumará a las movilizaciones convocadas en el conjunto del estado y promoverán una manifestación en la capital de la provincia para el próximo día 2 de febrero. Con el objeto de demandar la aprobación por el Gobierno, a través de la figura del Real Decreto Ley, de un nuevo paquete de medidas, así como la convalidación posterior de esas normas por parte del Congreso, evitando tomar a la población con mayores necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación.
