El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Este decreto ley establecerá más criterios para otorgar las autorizaciones de vehículos de turismo con conductores (VTC), después de comprobar de que en los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de las solicitudes.
El otorgamiento de autorizaciones venía limitado por la proporción 1/30 (una licencia por cada 30 de taxis existentes), que fue desestimada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2023. En su sentencia, fijaba que sólo se podían constituir razones de interés general criterios de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbación, así como de protección del medio ambiente. Ante este escenario, el legislador estatal estableció, a través del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, como requisito para otorgar las autorizaciones de VTC la protección de la mejora de la calidad del aire y reducción de emisiones de CO2.
El número de autorizaciones se podía modular hasta este momento con el criterio medioambiental. Sin embargo, se ha producido un cambio brusco en el mercado con la proliferación exponencial de vehículos eléctricos. Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley estatal, en junio de 2023, sólo se presentaron 23 solicitudes en Andalucía. Sin embargo, desde el 1 de enero hasta mediados de abril se han registrado 1.373 solicitudes frente a las 3.713 autorizaciones de VTC que hay vigentes en Andalucía.
La proliferación de estos vehículos eléctricos, que están exceptuados del cumplimiento de criterios medioambientales, puede implicar un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi.
Ante este escenario, se elaborará un estudio técnico sobre la gestión de la oferta del transporte en los vehículos taxi y VTC en Andalucía para mejorar la regulación de estos servicios. Este estudio fijará criterios objetivos para la concesión de autorizaciones de VTC, conforme al régimen jurídico de la legislación estatal, que habilita a las comunidades autónomas para establecer requisitos para velar por la buena gestión del transporte. Se trata, en definitiva, de determinar la dimensión actual del servicio público, la calidad del servicio prestado y la dimensión adecuada de la flota, para identificar un coeficiente de equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de transporte en vehículos de turismo que haga viable la sostenibilidad del sistema.
Mientras se elabora este estudio, quedan suspendidas las autorizaciones ordinarias. Esta suspensión, con un periodo máximo de aplicación de dos meses, afecta tanto a las autorizaciones que se puedan solicitar a partir de la entrada en vigor del decreto ley, así como las pendientes de otorgamiento en cualquier fase del procedimiento.
