El Partido Popular (PP) de San Fernando ha manifestado que el comunicado emitido por el gobierno de Patricia Cavada certifica que la denuncia realizada por el Partido Popular por presuntas ilegalidades cometidas por la delegada de Urbanismo de San Fernando en las obras de rehabilitación de una finca de su propiedad, son absolutamente ciertas.
Desde el PP “aclaramos que, muy al contrario de lo que persigue hacer creer el gobierno de Patricia Cavada, no estamos ante un problema meramente administrativo, sino de ejecución de unas obras irregulares no permitidas por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH)”.
Ciertamente, como argumenta el PP, cualquier ciudadano que hubiese ejecutado en un inmueble protegido y catalogado, las obras que ha realizado en su finca la concejala del PSOE, contaría con una sanción económica y estaría obligado a restituir las obras a su estado original. “Hay dos varas de medir en el gobierno de Cavada”, subrayan.
“Hemos denunciado que en todo este asunto puede existir falsedad documental en algunos documentos aportados, lo que ha podido llevar a engaño a los técnicos municipales. Por tanto, incluso podríamos estar hablando de un delito”.
Por ello, “pedimos que se haga público en su totalidad el informe elaborado por los técnicos municipales en la primera fase de la revisión del procedimiento llevado a cabo por a Claudia Márquez”.
Los populares recuerdan, de igual forma, que los arquitectos que firman el proyecto de obra son compañeros de profesión de la concejala socialista “y, casualmente, han sido adjudicatarios de proyectos municipales (contratos menores sin licitación publica), y los mismos son conocedores de las normas urbanísticas del Ayuntamiento y especialmente de las especificas, caso del PEPRICH, que rigen en el Urbanismo local de San Fernando”.
“Muy al contrario de lo que quiere hacer creer el gobierno de Patricia Cavada a la opinión pública, lo que mueve al Partido Popular a denunciar unos hechos que cada vez adquieren más verosimilitud, es la defensa de los intereses generales de la ciudadanía. Esto no está circunscrito al ámbito privado como quieren hacer creer. Tener un cargo público o pertenecer a determinado partido no es un eximente para cumplir la Ley y las normas a las que todos estamos obligados. No hay atajos posibles”.
