El gobierno socialista que lidera en San Fernando, Patricia Cavada, ha aprobado la subida del IBI en más de un 13% y que se hará efectiva en 2024. Así ha quedado reflejado en la sesión plenaria extraordinaria que se ha llevado a cabo esta misma mañana, en el Ayuntamiento isleño.
Aunque el gobierno local intente disfrazar la votación de hoy como “congelación de tasas y ordenanzas fiscales”, la letra pequeña de esta cuestión es que los vecinos de San Fernando tendrán que pagar más el próximo año, en relación al Impuesto de Bienes e Inmuebles.
El Gobierno de Patricia Cavada que se encuentra en su tercera legislatura ha hecho valer su condición de mayoría absoluta para seguir haciendo lo que le viene en gana sin pensar en el contexto económico y social en el que se encuentran muchas familias y empresas isleñas, que tendrán que hacer frente el próximo año, a un recibo del IBI incrementado. A pesar de que existe un informe, firmado por la Tesorería Municipal, en el cual se desprende textualmente que esta subida del IBI “se considera innecesaria en un Ayuntamiento donde el remanente de tesorería para gastos generales es de 17.630.674,41 euros (restando la financiación afectada y los gastos de dudoso cobro), y unos saldos en cuenta corriente a 30 de septiembre de 2023 de 45.675.686,88 euros”.
Ni las firmas recogidas a pie de calle o las alegaciones de las distintas formaciones políticas con representación municipal, ni el escrito de Tesorería Municipal, a la vistas de las circunstancias, han removido la conciencia de un gobierno socialista que lleva por bandera “la participación ciudadana” y los “temas sociales”.
La base argumental del Gobierno Local durante su intervención plenaria, ha vuelto a señalar la subida de precios de la energía, del agua, de los intereses bancarios o de las materias primas empleadas en las obras civiles y que aseguran “han repercutido directamente en las cuentas municipales al soportar un incremento de los distintos capítulos de gasto que integran los presupuestos. Versión que ha vuelto a real”. Una subida que no solo ha experimentado el Ayuntamiento isleño. Si salen de sus despachos y se codean con el ciudadano de a pie, podrán comprobar que los primeros perjudicados por el brutal incremento de la cesta de la compra, energía y agua, han sido los propios ciudadanos, que ahora gracias a esta aprobación de las nuevas ordenanzas, tendrán que soportar mayor presión fiscal.
Muy a pesar de lo que intentan vender en pleno, aprovechando que se emite en directo, o los comunicados que remiten a prensa, para su posterior publicación, la realidad es bien distinta. Por mucho que el gobierno de Cavada insista en que esta aprobación de ordenanzas fiscales viene a compensar la subida de precios que están experimentando los servicios municipales, las actividades organizadas, las obras, y los préstamos bancarios, los que finalmente pagarán este incremento serán los ciudadanos. El concejal delegado del área de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha desgranado que las obras han subido un 36% (1.763.088,03 €); la subida de los salarios de los funcionarios un 9,6% (2.187.851,58 €) y el coste de cualquier actividad y los servicios municipales, un mínimo del 16% (5.577.578,02 €).
Estos datos no han convencido a la oposición, ni a los colectivos, pero mucho menos a los isleños que se muestran muy enfadados, sobre todo aquellos que confiaron su voto en el Partido Socialista de San Fernando y ahora se sienten traicionados.
