El Ayuntamiento de San Fernando ha informado que tras la denuncia del Partido Popular, y la petición de este a la revisión de la documentación de las obras de la nueva vivienda de la delegada de Urbanismo; se ha sacado la conclusión de que existe una parte en la que pueda existir un error en el procedimiento seguido ante la petición de la concejala.
El error, según aseguran desde el Ayuntamiento y que denunciaba el Partido Popular, podría existir en la construcción del techo de castillete de una escalera de unos 3,50 metros. Por ello mismo, se afirma desde el gabinete municipal de comunicación que «esa parte de la obra deberá llevarse de nuevo a la comisión municipal de Patrimonio».
Desde el gobierno municipal «se defiende la actuación llevada a cabo y los pasos dados para ello» aunque «no se comparte las conclusiones iniciales de esta revisión», situación que pone al gobierno municipal en contra de los criterios profesionales de los técnicos municipales, principales valedores del cumplimiento de la legislación en materia urbanística.
Es por ello que desde el gobierno municipal «se interpondrá un recurso contencioso-administrativo para que sea un juez el que decida cual de ambos posicionamientos técnicos es el adecuado, el inicialmente aprobado o el actualmente revisado». Es por ello que será la resolución del contencioso-administrativo la que determine cómo continuar con el procedimiento para que la situación quede resuelta.
Hay que recordar que la concejala de urbanismo, presentó para estas obras un proyecto técnico realizado por profesionales y visado por el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Proyecto en el que figuraba en algunas páginas como arquitecta según la denuncia realizada ya por el portavoz de Andalucía por Sí, Fran Romero.
Según el Ayuntamiento de San Fernando «El PEPRICH está plagado de referencias a la recuperación de las fincas y puesta en valor de los elementos patrimoniales como objetivo fundamental y propiciar que las intervenciones en inmuebles catalogados se hagan con proyectos integrales, que afecten a toda la finca, como ha ocurrido en este caso»; justificando así que la construcción del castillete «tiene como objetivo recuperar los elementos básicos del tipo y la morfología originales de la finca».
El gobierno municipal continúa con la defensa de la concejala delegada de urbanismo, convencida ella de que finalmente la justicia sea quien le de la razón respecto a este procedimiento. También se asegura, que pese a ser un cargo público, «este procedimiento pertenece sólo y exclusivamente a su ámbito privado y que ha ido contando con todos los permisos oportunos».
Por parte de la oposición se siguen oyendo voces en grito pidiendo la dimisión o destitución de la delegada, por la posibilidad de que hayan existido irregularidades mas allá de las justificadas por el gobierno municipal.
